El 15 de octubre de 2015 marcó un antes y un después en lo relativo a la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Hasta entonces era un derecho al que se accedía, con dificultades, tras haber cumplido un número determinado de años de estancia legal continuada. El Real Decreto 19/2015 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que entró en vigor el 15 de octubre de 2015, regula el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española, incluyendo la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural españolas (CCSE), así como la de poseer un diploma de español de nivel A2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, estando excluidas de esta última prueba las personas originarias de países donde el castellano sea lengua oficial.
La primera consecuencia de esta ley es que los trámites para la nacionalidad han dejado de ser gratuitos y sencillos. Anteriormente, además de realizarse sin coste para la persona migrante, terminaban con la presentación de la documentación en la oficina correspondiente de la Administración. Un trámite que era gratuito pasa ahora a costar más de 300 euros, pues a la tasa de 100 euros impuesta para cursar el expediente, hay que sumar los 85 euros del CCSE y los 124 euros del examen de DELE. Esto significa que la suma de los trámites en el país de origen y el coste de las tasas puede llegar a superar los 500 € por persona. Sobre esto hay que contar con que a menudo se multiplica dicha cifra por el número de miembros de la unidad familiar.
La decisión de fijar una prueba de conocimientos socioculturales igual para todas las personas aspirantes viene a poner fin, en cierto modo, a la discrecionalidad con la que anteriormente los jueces del Registro Civil podían evaluar el grado de integración de cada solicitante. Pero al mismo tiempo esta decisión implica un modelo de integración asimilacionista, una propuesta de uniformidad cultural consistente en promover la adopción por parte de los grupos minoritarios de la lengua, los valores y las señas de identidad de la cultura dominante, así como el abandono de la propia cultura. Después de haber cumplido con una larga serie de requisitos legales (estancia regular, pago de impuestos, etc.), la persona que solicita la nacionalidad ha de demostrar conocimientos de la historia y la Constitución y probar que ha asumido los valores de la sociedad española. La prueba se enmarca en la tradición de contratos de integración de otros países europeos (Dinamarca, Holanda, Austria…), que surgieron en los años 90 durante gobiernos conservadores y en momentos de ascenso de partidos xenófobos. En todos ellos la integración es un requisito de obligatorio cumplimiento impuesto por el Estado y no un proceso de inclusión en la sociedad y de adquisición de derechos de ciudadanía.
Desde muchas organizaciones hemos observado que la primera dificultad con la que se encuentran las personas que quieren superar la prueba es la inscripción. La información del Instituto Cervantes es muy extensa y complicada. La inscripción debe realizarse online y exige tener conocimientos de informática, una cuenta de correo electrónico y una tarjeta bancaria. Además la página falla a menudo, de modo que todo el proceso de inscripción se torna muy dificultoso, y en muchas ocasiones se requiere de ayuda, cuando debería ser una cosa que la mayoría de personas pudieran realizar de manera sencilla e independiente.
Por otra parte, existe desde el principio un problema para encontrar fechas de examen disponibles. Actualmente, por ejemplo, las primeras fechas libres para la prueba de CCSE son en junio.
Tras una lectura detenida de las pruebas, puede observarse un desequilibrio entre los bloques de contenidos, preguntas de difícil interpretación, y sobre todo, un modelo de hojas de respuesta de manejo muy complicado, lo que puede resultar determinante para que las personas candidatas no logren superar el examen.
En cuanto al examen de lengua española hay que llamar la atención sobre que las pruebas se realizan siempre en centros privados autorizados por el Instituto Cervantes, que compiten entre ellos, pues con ello obtienen un porcentaje de beneficios de cada uno de los exámenes realizados, así como otros ingresos derivados de los cursos que ofertan para la preparación de las pruebas. Cabe preguntarse en primer lugar si es legítimo condicionar la adquisición del derecho a la nacionalidad por residencia a la obtención de un título académico (DELE). Y por otra parte, no podemos sino manifestar nuestro asombro ante el hecho de que tan solo el Instituto Cervantes pueda otorgar estos títulos, cuando existe una red de Escuelas Oficiales dedicadas a la enseñanza especializada de idiomas y además una larguísima lista de Escuelas de Adultos y ONG en las que la mayoría de personas migradas adquieren sus conocimientos de español.
Las pruebas están pensadas para estudiantes de secundaria, bachiller y universidad, que quieren obtener títulos oficiales de ELE. Los exámenes DELE exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria (GES). No está de más recordar que un 40% de los españoles/as entre 21 y 45 años no tienen el GES. Los contenidos reflejan temas alejados de la realidad de muchas personas migradas adultas y corresponden a reglas gramaticales y ortográficas complejas. Tampoco la forma de la prueba se adapta a las personas destinatarias, en cuanto a la evaluación de la compresión y la expresión oral y escrita. Los propios solucionarios son muy complejos. Hemos encontrado incluso errores en los contenidos, desequilibrio de los bloques y complicación de las hojas de respuestas.
Los actuales exámenes de nacionalidad están frustrando las expectativas de gran cantidad de personas que llevan muchos años viviendo y trabajando en España, con toda la frustración y sentimientos de rechazo que esto puede generar en ellas. Todo parece diseñado para excluir del derecho a la nacionalidad a personas procedentes de determinados estratos sociales: ¿por qué una persona analfabeta no puede conseguir la nacionalidad española?, ¿se es más español cuanta más formación académica se tiene?
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro desacuerdo con el actual modelo de acceso a la nacionalidad española contemplado en el Real Decreto 19/2015, que fue aprobado ignorando la existencia de las asociaciones que trabajan en el campo de la inmigración, y demandamos la creación de un modelo consensuado, no discriminatorio y realmente favorable a la integración de las personas migradas.
Luisa Vea Soriano y Mohssine Rezgaoui Tekni, València Acull
Francisco López Duro, CFBPA Vicent Ventura
El 15 d’octubre de 2015 va marcar un abans i un després respecte a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència. Fins llavors era un dret al que s’hi accedia, amb dificultats, després d’haver complit un nombre determinat d’anys d’estada legal continuada. El Reial decret 19/2015 de 13 de juliol de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, que va entrar en vigor el 15 d’octubre de 2015, regula el procediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola, incloent-hi l’obligatorietat de superar una prova que acredite el coneixement de la Constitució i la realitat sociocultural espanyoles (CCSE), així com la de posseir un diploma d’espanyol de nivell A2 o superior expedit per l’Institut Cervantes, estant excloses d’aquesta última prova les persones originàries de països on l’espanyol siga llengua oficial.
La primera conseqüència d’aquesta llei és que els tràmits per a la nacionalitat han deixat de ser gratuïts i senzills. Anteriorment, a més de realitzar-se sense cost per a la persona migrant, acabaven amb la presentació de la documentació en l’oficina corresponent de l’Administració. Un tràmit que era gratuït passa ara a costar més de 300 €, perquè a la taxa de 100 € imposada per a cursar l’expedient, cal sumar els 85 € del CCSE i els 124 € de l’examen de DELE. Açò significa que la suma dels tràmits en el país d’origen i el cost de les taxes pot arribar a superar els 500 € per persona. A això cal sumar que sovint es multiplica aquesta xifra pel nombre de membres de la unitat familiar.
La decisió de fixar una prova de coneixements socioculturals igual per a totes les persones aspirants ve a posar fi, en certa manera, a la discrecionalitat amb la qual anteriorment els jutges del Registre Civil podien avaluar el grau d’integració de cada sol·licitant. Però al mateix temps aquesta decisió implica un model d’integració assimilacionista, una proposta d’uniformitat cultural consistent a promoure l’adopció, per part dels grups minoritaris, de la llengua, els valors i les senyes d’identitat de la cultura dominant, així com l’abandonament de la pròpia cultura. Després d’haver complit amb una llarga sèrie de requisits legals (estada regular, pagament d’impostos, etc.), la persona que sol·licita la nacionalitat ha de demostrar coneixements de la història i la Constitució i provar que ha assumit els valors de la societat espanyola. La prova s’emmarca en la tradició de contractes d’integració d’altres països europeus (Dinamarca, Holanda, Àustria…), que van sorgir en els anys 90 durant governs conservadors i en moments d’ascens de partits xenòfobs. En tots ells la integració és un requisit d’obligatori compliment imposat per l’Estat i no un procés d’inclusió en la societat i d’adquisició de drets de ciutadania.
Des de moltes organitzacions hem observat que la primera dificultat amb la qual es troben les persones que volen superar la prova és la inscripció. La informació de l’Institut Cervantes és molt extensa i complicada. La inscripció ha de realitzar-se electrònicament i exigeix tindre coneixements d’informàtica, un compte de correu electrònic i una targeta bancària. A més la pàgina falla sovint, de manera que tot el procés d’inscripció es torna molt dificultós, i en moltes ocasions es requereix ajuda, quan hauria de ser una cosa que la majoria de persones pogueren realitzar de manera senzilla i independent.
Per altra banda, existeix des del principi un problema per a trobar dates d’examen disponibles. Actualment, per exemple, les primeres dates lliures per a la prova de CCSE són al juny.
Després d’una lectura detinguda de les proves, pot observar-se un desequilibri entre els blocs de continguts, preguntes de difícil interpretació, i sobretot, un model de fulls de resposta d’ús molt complicat, el que pot resultar determinant perquè les persones candidates no aconseguisquen superar l’examen.
Quant a l’examen de llengua espanyola cal cridar l’atenció sobre que les proves es realitzen sempre en centres privats autoritzats per l’Institut Cervantes, que competeixen entre ells, perquè amb això obtenen un percentatge de beneficis de cadascun dels exàmens realitzats, així com altres ingressos derivats dels cursos que ofereixen per a la preparació de les proves. Hom pot preguntar-se en primer lloc si és legítim condicionar l’adquisició del dret a la nacionalitat per residència a l’obtenció d’un títol acadèmic (DELE). I per altra banda, no podem sinó manifestar la nostra sorpresa davant el fet que només l’Institut Cervantes puga atorgar aquests títols, quan existeix una xarxa d’Escoles Oficials dedicades a l’ensenyament especialitzat d’idiomes i a més una llarguíssima llista d’Escoles d’Adults i ONG en les quals la majoria de persones migrades adquireixen els seus coneixements d’espanyol.
Les proves estan pensades per a estudiantes de secundària, batxiller i universitat, que volen obtenir títols oficials d’ELA. Els exàmens DELE exigeixen un nivell de formació bàsica per sobre del graduat en secundària (GES). No està de més recordar que un 40% de la ciutadania espanyola entre 21 i 45 anys no tenen el GES. Els continguts reflecteixen temes allunyats de la realitat de moltes persones migrades adultes i corresponen a regles gramaticals i ortogràfiques complexes. Tampoc la forma de la prova s’adapta a les persones destinatàries, pel que fa a l’avaluació de la compressió i l’expressió oral i escrita. Els propis solucionaris són molt complexos. Hem trobat fins i tot errors en els continguts, desequilibri dels blocs i complicació dels fulls de respostes.
Els actuals exàmens de nacionalitat estan frustrant les expectatives de gran quantitat de persones que fa molts anys que viuen i treballen a l’Estat espanyol, amb tota la frustració i sentiments de rebuig que açò pot generar en elles. Tot sembla dissenyat per a excloure del dret a la nacionalitat a persones procedents de determinats estrats socials: per què una persona analfabeta no pot aconseguir la nacionalitat espanyola?, s’és més espanyol com més formació acadèmica es té?
Per tot l’anterior, manifestem el nostre desacord amb l’actual model d’accés a la nacionalitat espanyola contemplat en el Reial decret 19/2015, que va ser aprovat ignorant l’existència de les associacions que treballen en el camp de la immigració, i demanem la creació d’un model consensuat, no discriminatori i realment favorable a la integració de les persones migrades.
Luisa Vea Soriano y Mohssine Rezgaoui Tekni, València Acull
Francisco López Duro, CFBPA Vicent Ventura
Entitats socials valencianes convoquen una concentració urgent de rebuig front al possible acord entre la UE i Turquia. Concentració demà divendres 11, a les 12h a la Plaça de l’Ajuntament.
[Manifest] No a l_acord UE-Turquia
Convocants:
