Conseguir la nacionalidad: un proceso muy costoso, ¿o imposible?

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El 15 de octubre de 2015 marcó un antes y un después en lo relativo a la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Hasta entonces era un derecho al que se accedía, con dificultades, tras haber cumplido un número determinado de años de estancia legal continuada. El Real Decreto 19/2015 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que entró en vigor el 15 de octubre de 2015, regula el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española, incluyendo la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento de la Constitución y la realidad sociocultural españolas (CCSE), así como la de poseer un diploma de español de nivel A2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, estando excluidas de esta última prueba las personas originarias de países donde el castellano sea lengua oficial.
La primera consecuencia de esta ley es que los trámites para la nacionalidad han dejado de ser gratuitos y sencillos. Anteriormente, además de realizarse sin coste para la persona migrante, terminaban con la presentación de la documentación en la oficina correspondiente de la Administración. Un trámite que era gratuito pasa ahora a costar más de 300 euros, pues a la tasa de 100 euros impuesta para cursar el expediente, hay que sumar los 85 euros del CCSE y los 124 euros del examen de DELE. Esto significa que la suma de los trámites en el país de origen y el coste de las tasas puede llegar a superar los 500 € por persona. Sobre esto hay que contar con que a menudo se multiplica dicha cifra por el número de miembros de la unidad familiar.
La decisión de fijar una prueba de conocimientos socioculturales igual para todas las personas aspirantes viene a poner fin, en cierto modo, a la discrecionalidad con la que anteriormente los jueces del Registro Civil podían evaluar el grado de integración de cada solicitante. Pero al mismo tiempo esta decisión implica un modelo de integración asimilacionista, una propuesta de uniformidad cultural consistente en promover la adopción por parte de los grupos minoritarios de la lengua, los valores y las señas de identidad de la cultura dominante, así como el abandono de la propia cultura. Después de haber cumplido con una larga serie de requisitos legales (estancia regular, pago de impuestos, etc.), la persona que solicita la nacionalidad ha de demostrar conocimientos de la historia y la Constitución y probar que ha asumido los valores de la sociedad española. La prueba se enmarca en la tradición de contratos de integración de otros países europeos (Dinamarca, Holanda, Austria…), que surgieron en los años 90 durante gobiernos conservadores y en momentos de ascenso de partidos xenófobos. En todos ellos la integración es un requisito de obligatorio cumplimiento impuesto por el Estado y no un proceso de inclusión en la sociedad y de adquisición de derechos de ciudadanía.
Desde muchas organizaciones hemos observado que la primera dificultad con la que se encuentran las personas que quieren superar la prueba es la inscripción. La información del Instituto Cervantes es muy extensa y complicada. La inscripción debe realizarse online y exige tener conocimientos de informática, una cuenta de correo electrónico y una tarjeta bancaria. Además la página falla a menudo, de modo que todo el proceso de inscripción se torna muy dificultoso, y en muchas ocasiones se requiere de ayuda, cuando debería ser una cosa que la mayoría de personas pudieran realizar de manera sencilla e independiente.
Por otra parte, existe desde el principio un problema para encontrar fechas de examen disponibles. Actualmente, por ejemplo, las primeras fechas libres para la prueba de CCSE son en junio.
Tras una lectura detenida de las pruebas, puede observarse un desequilibrio entre los bloques de contenidos, preguntas de difícil interpretación, y sobre todo, un modelo de hojas de respuesta de manejo muy complicado, lo que puede resultar determinante para que las personas candidatas no logren superar el examen.
En cuanto al examen de lengua española hay que llamar la atención sobre que las pruebas se realizan siempre en centros privados autorizados por el Instituto Cervantes, que compiten entre ellos, pues con ello obtienen un porcentaje de beneficios de cada uno de los exámenes realizados, así como otros ingresos derivados de los cursos que ofertan para la preparación de las pruebas. Cabe preguntarse en primer lugar si es legítimo condicionar la adquisición del derecho a la nacionalidad por residencia a la obtención de un título académico (DELE). Y por otra parte, no podemos sino manifestar nuestro asombro ante el hecho de que tan solo el Instituto Cervantes pueda otorgar estos títulos, cuando existe una red de Escuelas Oficiales dedicadas a la enseñanza especializada de idiomas y además una larguísima lista de Escuelas de Adultos y ONG en las que la mayoría de personas migradas adquieren sus conocimientos de español.
Las pruebas están pensadas para estudiantes de secundaria, bachiller y universidad, que quieren obtener títulos oficiales de ELE. Los exámenes DELE exigen un nivel de formación básica por encima del graduado en secundaria (GES). No está de más recordar que un 40% de los españoles/as entre 21 y 45 años no tienen el GES. Los contenidos reflejan temas alejados de la realidad de muchas personas migradas adultas y corresponden a reglas gramaticales y ortográficas complejas. Tampoco la forma de la prueba se adapta a las personas destinatarias, en cuanto a la evaluación de la compresión y la expresión oral y escrita. Los propios solucionarios son muy complejos. Hemos encontrado incluso errores en los contenidos, desequilibrio de los bloques y complicación de las hojas de respuestas.
Los actuales exámenes de nacionalidad están frustrando las expectativas de gran cantidad de personas que llevan muchos años viviendo y trabajando en España, con toda la frustración y sentimientos de rechazo que esto puede generar en ellas. Todo parece diseñado para excluir del derecho a la nacionalidad a personas procedentes de determinados estratos sociales: ¿por qué una persona analfabeta no puede conseguir la nacionalidad española?, ¿se es más español cuanta más formación académica se tiene?
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro desacuerdo con el actual modelo de acceso a la nacionalidad española contemplado en el Real Decreto 19/2015, que fue aprobado ignorando la existencia de las asociaciones que trabajan en el campo de la inmigración, y demandamos la creación de un modelo consensuado, no discriminatorio y realmente favorable a la integración de las personas migradas.

Luisa Vea Soriano y Mohssine Rezgaoui Tekni, València Acull
Francisco López Duro, CFBPA Vicent Ventura

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